Responsabilidad por acceso indebido a datos

El Tribunal Supremo protege la intimidad laboral

El Tribunal Supremo ha condenado a un despacho de abogados por permitir el acceso no autorizado a datos personales de una empleada. La Sala Primera ha estimado el recurso de la afectada, quien denunció que una excompañera pudo acceder, de manera accidental, a una demanda laboral interpuesta contra su empleador. El documento, que contenía información privada, se encontraba en una carpeta digital compartida sin medidas de restricción adecuadas.

El fallo establece que la vulneración del derecho a la intimidad no requiere que exista una intención de divulgar la información. Basta con que los datos hayan sido expuestos sin justificación para que se configure la intromisión ilegítima. Como consecuencia, el despacho de abogados deberá indemnizar a la trabajadora con 3.000 euros por daño moral.

Intimidad y protección de datos: conceptos diferenciados

El tribunal ha subrayado que el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales son categorías jurídicas distintas. Mientras que la protección de datos se centra en la regulación del tratamiento de información personal, el derecho a la intimidad protege contra la exposición indebida de datos privados.

En este caso, la información contenida en la demanda laboral tenía un carácter personal e íntimo, lo que justifica la aplicación del derecho a la intimidad. Aunque la exposición de los datos no haya sido intencionada, el hecho de que estuvieran accesibles sin restricciones es suficiente para considerar que se produjo una vulneración.

Obligación de garantizar la seguridad de los datos

El Tribunal Supremo ha reiterado que los empleadores, incluidos los despachos de abogados, tienen el deber de adoptar medidas adecuadas para proteger la información confidencial de sus empleados. La falta de protocolos de seguridad que impidan el acceso no autorizado a documentos sensibles puede generar responsabilidad jurídica.

En este sentido, la sentencia deja claro que la eliminación del archivo no elimina la vulneración del derecho. Una vez que los datos han quedado expuestos, el daño ya se ha consumado.

Consecuencias para la empresa demandada

Además de la indemnización de 3.000 euros, la resolución judicial obliga al despacho de abogados a implementar medidas que eviten futuras vulneraciones del derecho a la intimidad de sus empleados.